El presidente Evo Morales entregó anoche el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia al Carnaval de Santa Cruz. El receptor del nombramiento fue el presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), Joaquín Banegas. Si bien fue aceptado con agrado, el hecho de que sea un acto político generó susceptibilidades.
Acercamiento a Santa Cruz. "Evidentemente, el Carnaval cruceño se merece la declaratoria de Patrimonio Nacional, en buena hora. Pero tampoco podemos dejar de ver que Evo Morales intenta congraciarse con Santa Cruz por medio de simbolismos, mientras que la realidad de las medidas que toma su gobierno, con relación a la región, deja mucho que desear”, señaló Luis Felipe Dorado.
El parlamentario afirmó que si Evo Morales busca una reconciliación real con Santa Cruz, tiene que revisar su postura en varios ámbitos, como por ejemplo, dejando de trabar el desarrollo de los proyectos del Mutún y Yacuses, dotando del gas natural necesario para esos emprendimientos.
Un anhelo. El exdirigente de la ACCC y gerente del Colegio de Arquitectos, Jorge Stratis, recordó que el reconocimiento de la Fiesta Grande cruceña es una demanda de hace tiempo de los carnavaleros. "Esta Ley se la viene impulsando desde el Bicentenario, y ya era hora que el Estado boliviano reconozca al carnaval cruceño", dijo.
En la misma línea, Nino Gandarilla, miembro del Comité Impulsor del Carnaval, aseguró que "Hoy es un día histórico, porque es primera vez que el Estado, que siempre ha sido andinocentrista, altoperuanista, se acerca al Oriente y reconoce a la cultura camba", destacó el también historiador cruceño.
El Senado sanciona Ley que patrimonializa la Fiesta Grande cruceña
Ley. El pleno de la Cámara de Senadores sancionó un proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de Bolivia al Carnaval de Santa Cruz, porque se constituye en una manifestación tradicional, popular y actividad turística y económica de interés nacional.
Alcance. A través de esa norma, se establecerán medidas e implementarán políticas interinstitucionales públicas y privadas para proteger, preservar, promocionar y fortalecer ese patrimonio. También se establecerán mecanismos para su regulación y normas necesarias para evitar su apropiación.
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