Un caso de tentativa de abuso sexual y de dopaje de una joven, hija del abogado Omar Barrientos, ha hecho que parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y algunos concejales vuelquen la mirada hacia las regulaciones que existen —y las que quizás hagan falta— para garantizar la seguridad de los ciudadanos que participen de las fiestas carnavaleras dentro de distintos garajes de la ciudad, con permisos que da la Alcaldía cruceña, en coordinación con la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC).
Así se vio ayer, cuando el concejal de UCS, Johnny Fernández, dijo que pedirá información al Comité Impulsor del Carnaval sobre las medidas de vigilancia y control público que se pide a los organizadores antes de autorizarles el uso de garajes para conciertos de envergadura y venta y consumo de bebidas alcohólicas, donde carnavaleros asisten en masa tras pagar una tarifa.
El concejal planteó “que debe haber una nueva regulación que provenga del Concejo para vigilar y ejercer el control público a los recintos, de modo que se garanticen fiestas seguras. Como la Alcaldía da permisos para estas fiestas, pues ya no se debería dar permisos a quienes no garanticen medidas de seguridad, como cámaras de vigilancia y estén sujetas a revisión”.
Las respuestas
Juan Carlos Cenzano, encargado de Control y Fiscalización del Uso de Espacio Público, explicó que la municipalidad vela la seguridad ciudadana al exterior de los garajes; admitió que al interior de estos recintos el tema corre por cuenta de los organizadores, a quienes se les exige contar con personal de seguridad y usar sistemas de vigilancia. Cenzano planteó que hay responsabilidad compartida con la ACCC y que debe ser el Comité Impulsor el que dé respuestas.
Ángel Tórrez, jefe de la Guardia Municipal, admitió que se necesitan los ajustes para garantizar la seguridad, que no debe exponerse ninguna ciudadana más en estas fiestas por falta de garantías, pero también deja el tema en poder del Comité Impulsor
