La Ley del Carnaval cruceño, promulgada el 30 de noviembre de 2016 por el gobierno municipal, incluye algunos cambios en la organización de la fiesta grande de los cruceños. Según la nueva norma, el Comité Impulsor ya no está a cargo de la preparación, planificación y ejecución del carnaval, como se estipulaba en la ley transitoria de enero de 2016, sino que es el coordinador general del Carnaval. Además se otorga libertad de auspicios o patrocinios a las asociaciones y grupos organizadores de actos y eventos oficiales.
Jorge Stratis, expresidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), indica que los montos pueden variar según los auspicios que la reina y las actividades consigan atraer. “Depende de las gestiones que se hagan, pero se necesita entre $us 400.000 y 500.000 para organizar el Carnaval”, afirma.
El año pasado, cuando Joaquín Banegas comandaba la ACCC, informó de que los ingresos anuales por la organización del Carnaval eran de $us 500.000, de los cuales, $us 100.000 eran por la cesión de espacios públicos y el resto por los auspicios. De estos ingresos, dijo que Bs 605.000 iban a premios, $us 35.000 al apoyo de instituciones de ayuda social y el saldo de $us 19.000, para pago de personal y gastos de la asociación.
La opinión de los concejales
Loreto Moreno, concejala por Santa Cruz Para Todos, señaló que se llegó a un consenso con la ACCC y que se devolvió la potestad de los auspicios y la publicidad porque con eso sustentan sus gastos. Además subrayó que no se otorga recursos ni a la ACCC ni a ninguna otra organización carnavalera. “Lo que se presupuesta es para logística de seguridad y control que realizan los funcionarios de las secretarías de la Alcaldía”, afirmó.
Por otra parte destacó que en la ley se ha incluido a todas las organizaciones que realizan actividades en el Carnaval, como los grupos folclóricos, provinciales, las ciudadelas, los distritos y otros que no estaban contemplados anteriormente. “A todos se les va a ceder los espacios y brindar el apoyo que requieran para sus actividades”, dijo.
Tito Sanjinez, concejal del MAS, indicó que la Alcaldía perdió la oportunidad de administrar el Carnaval, señalando que se maneja mucho dinero por patrocinios y que las rendiciones de cuentas se remiten a un informe económico muy sencillo, algo que ameritó la observación de su bancada.
El municipalista José Luis Santistevan recuerda que la Constitución Política del Estado otorga a los municipios competencias sobre la organización del Carnaval, pero que también puede concesionarlas, como el caso del corso, pero sigue siendo su competencia y puede intervenir ante cualquier eventualidad.
El origen de la norma
El intento de destitución de la reina del Carnaval 2016 detonó luego en que la Alcaldía manifestara su intención de organizar las fiestas carnestolendas.
Para ello, sancionó una ley transitoria el 7 de enero de 2016, que atribuía al Comité Impulsor presidido por el alcalde, estar a cargo de las actividades de preparación, planificación y ejecución del Carnaval en coordinación con las asociaciones o agrupaciones ligadas al tema, lo que originó reclamos de la ACCC. La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó en esa ocasión que no se pretendía prescindir de los carnavaleros
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